La Voz del Interior

A  mediados de octubre, en Uruguay, se aprobó una ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Desde aquí celebramos este avance, porque aun con restricciones al proyecto original, se ha dado un paso muy importante en la ampliación de derechos.

Estos avances se dan porque nuestras sociedades han perdido el miedo a determinados debates que se plantean como históricos tabúes.

En debate. Sin hipocresías, comenzamos a discutir temas que nos atraviesan culturalmente y que se asocian a la idea que tenemos sobre el rol de las mujeres, la sexualidad, la familia, la maternidad, etcétera.

Lo que está pasando en Uruguay impactará de modo positivo en el debate que se está dando en nuestro país, pues aquí también ha dejado de ser un tabú la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y hemos avanzado en la cuestión.

El tema ya esta instalado como proyecto en la Cámara de Diputados y, por primera vez en la historia, en el fallo de la Corte Suprema.

Estas medidas han generado múltiples apoyos, pero también “reacciones” por parte de pequeños grupos conservadores, entre los que aparece una organización no gubernamental (ONG) casualmente con el nombre Provida, así como otros personajes del Poder Judicial o de los poderes ejecutivos de varias provincias que frenan y demoran el acceso a este derecho de mujeres que han sido violadas.

La sociedad, en su mayoría, está de acuerdo con el aborto no punible del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, y también con que se discuta el tema en el Congreso para sacar de la clandestinidad a las 500 mil mujeres que todos los años atraviesan por esta situación, y así logremos que se acabe con el negocio y la injusticia social que genera esta clandestinidad.

Situaciones aberrantes. Por otra parte, en nuestro país no podemos seguir permitiendo que 80 mil mujeres terminen internadas y entre 80 y 100 mueran todos los años por esta causa evitable.

Sobre esto no se puede dejar de lado el repudio al gobierno porteño de Mauricio Macri, que vetó el derecho a la interrupción del embarazo producto de una violación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ya se ha conocido el caso de una mujer que había quedado embarazada a causa de una violación, cuando era víctima de la trata de persona, y se le negó el derecho a interrumpir su embarazo.

La aberrante situación que tuvo que vivir esta mujer ante semejante momento traumático es imperdonable y demuestra que un caso tan extremo no puede quedar en manos de organizaciones no gubernamentales católicas.

Conocemos también el caso de Portal de Belén en la provincia de Córdoba.

Estas organizaciones sólo actúan en contra de los derechos de las mujeres.

Mientras nuestra sociedad se está manifestando sobre la base de estos hechos, es el Gobierno nacional el que escucha y protagoniza la ampliación de derechos.

Siguiendo nuestra propia experiencia y mirando el gran avance de Uruguay, estamos preparados para iniciar y concluir con una deuda de la democracia.

*Exdiputada nacional, Corriente Política y Social La Colectiva.